El campo español llega al final del verano tras ocho meses marcados por fenómenos meteorológicos sucesivos que han alterado calendarios y rendimientos. Una combinación de episodios de lluvia intensa, heladas, granizadas, olas de calor y incendios ha tensionado cultivos y ganados en distintas regiones de España, con efectos que se acumulan temporada tras temporada y complican la planificación agraria frente al cambio climático.
Productores describen un panorama de recuperación interrumpida: cuando una explotación intenta recomponerse tras una catástrofe llega la siguiente. Esta precariedad se traduce en pérdida de cosechas, encarecimiento de forrajes, y menor disponibilidad de pastos, según las organizaciones agrarias que siguen la evolución en campo. El desgaste financiero y operativo afecta tanto a pequeñas explotaciones familiares como a medianas empresas agrícolas, ampliando la vulnerabilidad del sector.
En ese contexto, Cristóbal Cano, secretario general de UPA, ha señalado la necesidad de medidas que superen la ayuda puntual y se orienten a la gestión del riesgo y a la adaptación estructural. Entre las demandas recurrentes del sector figuran mayor acceso a seguros agrarios, inversiones en infraestructura hídrica y sistemas de almacenamiento, y programas de asesoramiento técnico para ajustar calendarios de siembra y riego. Las decisiones administrativas en materia de agua y prevención de incendios resultan, además, determinantes para la capacidad de respuesta de las explotaciones.
La repetición de eventos extremos obliga a revisar la estrategia pública y privada hacia una agricultura más resiliente: planificación del uso del agua, investigación en variedades más resistentes y cadenas de valor que amortigüen pérdidas. Mientras tanto, agricultores y ganaderos afrontan la temporada con altas cotas de incertidumbre y costes crecientes, una realidad que plantea retos económicos y sociales amplios para las zonas rurales y para la seguridad alimentaria a medio plazo.
