Sudáfrica se enfrenta a una ola de manifestaciones antiinmigración tras el ultimátum lanzado a los migrantes indocumentados. Las detenciones, la violencia y las tensiones reviven el fantasma de la xenofobia.
Sudáfrica atraviesa una nueva crisis social y política en torno a la inmigración. Desde finales de junio de 2026, varias ciudades del país, entre ellas Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, han sido escenario de manifestaciones organizadas por movimientos antiinmigración que exigen la salida de los extranjeros en situación irregular. Estos grupos habían fijado el 30 de junio como fecha límite simbólica para que los migrantes sin papeles abandonaran el país, un ultimátum sin valor legal pero lo suficientemente preocupante como para provocar el miedo en numerosas comunidades extranjeras. Según Reuters, más de 900 personas han sido detenidas durante estas movilizaciones y los disturbios asociados, en particular por violencia pública, saqueos, robos, infracciones migratorias o ayuda a migrantes indocumentados.
La situación es grave porque supera con creces el marco de una simple protesta política. Aunque la mayoría de las marchas se mantuvieron bajo control gracias a un importante despliegue policial, se notificaron varios incidentes violentos. En Alexandra, un suburbio de Johannesburgo, una persona murió durante los saqueos contra comercios locales, a menudo regentados por extranjeros. En Durban, la tensión también ha sido fuerte, con migrantes que viven con el temor de ser atacados o expulsados por grupos de ciudadanos que se presentan como defensores del orden nacional. Las autoridades han desplegado refuerzos policiales y militares en varias provincias para evitar que la situación degenere en una violencia generalizada.
Estas manifestaciones se inscriben en un contexto económico muy difícil. Sudáfrica experimenta un desempleo masivo, una pobreza persistente, servicios públicos bajo presión y una alta criminalidad. Los movimientos antiinmigración acusan a los extranjeros de quitar los puestos de trabajo a los sudafricanos, saturar los hospitales, aprovecharse de las ayudas públicas y alimentar la inseguridad. Sin embargo, estas acusaciones son fuertemente cuestionadas por numerosas organizaciones de derechos humanos, que consideran que los migrantes sirven de chivos expiatorios de problemas mucho más profundos: crisis económica, desigualdades, corrupción, mala gestión pública y debilidad del Estado en ciertas zonas. Reuters recuerda que estos grupos se dirigen principalmente contra los migrantes africanos, llegados especialmente de Zimbabue, Mozambique, Malaui, la República Democrática del Congo o Nigeria.
La dimensión xenófoba de esta crisis preocupa especialmente a los observadores. Sudáfrica ya ha vivido varias olas de violencia contra los extranjeros, concretamente en 2008, 2015 y 2019. El movimiento actual revive, por tanto, un recuerdo doloroso: el de comercios incendiados, migrantes perseguidos, familias desplazadas y barrios enteros sumidos en el miedo. Human Rights Watch ha alertado recientemente sobre nuevos ataques xenófobos y sobre las acciones de grupos como Operation Dudula, acusados de haber impedido a los extranjeros acceder a servicios públicos, incluidos los centros de salud. Una decisión judicial sudafricana ya había prohibido a ciertos activistas bloquear el acceso de los migrantes a la atención médica, lo que demuestra que la cuestión no corresponde solo al debate político, sino también a la protección de los derechos fundamentales.
El Gobierno sudafricano se encuentra en una posición delicada. Por un lado, afirma querer luchar contra la inmigración irregular y controlar mejor las fronteras. Por otro, condena las acciones de grupos que pretenden aplicar la ley por su cuenta en la calle. Esta ambigüedad alimenta la tensión. Para los migrantes, incluso los que disponen de papeles o del estatuto de refugiado, el miedo se ha convertido en algo cotidiano. Algunos han abandonado sus hogares, otros han cerrado sus negocios o se plantean marcharse, a veces dejando atrás a niños escolarizados o a familias asentadas desde hace años. Reuters informaba ya, antes de las grandes manifestaciones del 30 junio, de que varios migrantes intentaban abandonar el país por temor a la violencia.
La crisis actual revela, sobre todo, una fractura profunda en la sociedad sudafricana. La inmigración se ha convertido en el símbolo visible de un malestar mucho más amplio: sentimiento de abandono, pobreza urbana, competencia en la economía informal, desconfianza hacia las instituciones y auge de un discurso nacionalista agresivo. Ante la proximidad de citas políticas locales, algunos movimientos intentan también transformar esta ira social en fuerza electoral. Esto es lo que hace que la situación sea especialmente peligrosa: cuando las dificultades económicas se traducen en hostilidad contra una población designada como responsable, el riesgo de violencia colectiva aumenta considerablemente.
Sudáfrica se enfrenta, por tanto, a un doble desafío. Debe responder a las preocupaciones reales de su población sobre el empleo, la seguridad y la gestión migratoria, al tiempo que impide que estas preocupaciones se transformen en persecución contra los extranjeros. La firmeza contra la inmigración ilegal no puede convertirse en un pretexto para la violencia, el saqueo o la caza de migrantes. Si las autoridades no consiguen restablecer un marco legal claro, proteger a las comunidades vulnerables y desactivar los discursos de odio, esta crisis podría abrir un nuevo periodo de violencia xenófoba en un país ya profundamente debilitado.
