Es una escena que parecía impensable hace apenas unos meses. A finales de junio de 2026, en plena noche bagdadí, las fuerzas de seguridad iraquíes bloquearon los accesos a la blindada Zona Verde. En una redada sin precedentes desde la invasión estadounidense de 2003, 47 altos cargos, incluidos diputados y directores de ministerios, fueron detenidos por corrupción. Al mando de la operación: Ali al-Zaidi, el nuevo primer ministro iraquí que asumió el cargo en mayo de 2026 y que ha hecho de la lucha contra la malversación de fondos públicos la prioridad absoluta de su mandato.
Sin embargo, detrás de este golpe de efecto mediático y político, se plantea una pregunta candente para los 43 millones de iraquíes y la comunidad internacional: ¿podrá esta enésima campaña de integridad desmantelar verdaderamente un sistema de corrupción endémica que ha sifoneado cientos de miles de millones de dólares, o es solo una operación de imagen ante la proximidad de la visita de al-Zaidi a Washington, prevista para julio de 2026?
Ali al-Zaidi: retrato de un hombre de negocios propulsado a la cima del poder
Para comprender la naturaleza y la sinceridad de esta campaña, primero hay que entender quién es este hombre al que la práctica totalidad de los iraquíes aún ignoraba la noche del 27 de abril de 2026, pocas horas antes de ser nombrado primer ministro.
Ali Faleh al-Zaidi nació en 1986 en Bagdad, en el seno de una familia originaria de la provincia meridional de Dhi Qar, una de las regiones más pobres y con mayor influencia tribal del país. Hermano menor de su familia, sus allegados lo describen como un hombre de convicciones religiosas conservadoras, discreto, poco atraído por los focos mediáticos y apasionado de la poesía popular iraquí. Nada, en apariencia, lo predisponía a dirigir uno de los países más complejos de Oriente Medio.
Su formación es rigurosamente académica y orientada a los negocios. Está en posesión de una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Finanzas y Banca, y una maestría en Banca y Finanzas. También es miembro del Colegio de Abogados de Irak. Este perfil de jurista-financiero es poco común en un panorama político iraquí dominado desde 2003 por figuras procedentes de partidos confesionales y milicias armadas.
Fue en el mundo de los negocios donde al-Zaidi forjó su fortuna y su red de contactos. Preside la National Holding Company, un conglomerado fundado en 2017 cuyas actividades abarcan la agricultura, el sector inmobiliario, la logística, las energías renovables y el sector bancario. También dirigió el Al-Janoob Islamic Bank, un banco privado implicado en el sistema de subastas de divisas del Banco Central de Irak. Su imperio se extiende a la educación (preside la Universidad Al-Shaab) y a la salud (dirige el Instituto Médico Ishtar), así como al sector alimentario, donde sus empresas de importación abastecen de productos básicos a una parte significativa del mercado iraquí. Asimismo, posee la cadena de televisión Dijlah TV, gestionada por su hermano.
Su designación como primer ministro, tras solo 25 minutos de deliberación en el seno del Marco de Coordinación Chií, sorprendió a toda la clase política. Su principal baza: no pertenecer a ningún partido, lo que le convertía en un candidato de consenso aceptable tanto para Washington —que había vetado a Nouri al-Maliki— como para Teherán. El presidente Donald Trump le felicitó personalmente por teléfono incluso antes del voto de confianza del Parlamento, un gesto diplomático sin precedentes.
Pero fue la revelación que hizo durante su primera rueda de prensa lo que realmente impactó a la opinión pública: nada más ser nombrado, un alto cargo del Ministerio de Petróleo le ofreció un soborno de 200 millones de dólares para encubrir una serie de malversaciones. Al-Zaidi no solo se negó, sino que inmediatamente hizo público el caso y ordenó la detención del funcionario. Para muchos iraquíes, este gesto supuso una fuerte ruptura simbólica con décadas de cultura de la impunidad.
El coste humano de una corrupción de Estado sistémica
Para comprender la urgencia de la situación en Irak, hay que mirar más allá de los palacios de la Zona Verde y observar la vida cotidiana de la población. Irak, a pesar de ser uno de los países más ricos en petróleo del mundo (los hidrocarburos representan más del 90 % de los ingresos del Estado), presenta unas estadísticas socioeconómicas alarmantes.
Según los datos de 2025, la tasa de desempleo global se estanca en torno al 16 %, pero golpea de lleno a la juventud. El desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años supera el 32 %, y la tasa de pobreza sigue siendo peligrosamente alta, especialmente entre las mujeres y los jóvenes graduados. Los iraquíes de a pie sufren las consecuencias directas del desvío de fondos: cortes de electricidad crónicos, hospitales deteriorados, carreteras intransitables y escasez de agua potable. La incapacidad del Estado para proporcionar los servicios públicos básicos está directamente vinculada a la evaporación de los presupuestos ministeriales en proyectos fantasma y contratos amañados.
Cifras vertiginosas: el saqueo de una nación
Irak se clasifica regularmente entre los países más corruptos del planeta. En su Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, Transparency International sitúa al país en el puesto 136 de 182, con una puntuación desastrosa de 28 sobre 100.
La magnitud del saqueo desafía la razón. En 2021, el expresidente Barham Salih revelaba que se habían sacado clandestinamente del país 150.000 millones de dólares de ingresos petroleros desde 2003. La Comisión Federal de Integridad eleva la cifra a 350.000 millones de dólares volatilizados en 18 años. En 2023, el ex primer ministro Mustafa Al-Kadhimi mencionó 600.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas. Hoy en día, algunos analistas estiman que la factura total roza el billón (un millón de millones) de dólares.
El escándalo más emblemático sigue siendo el tristemente célebre «Robo del Siglo» destapado a finales de 2022: 2.500 millones de dólares extraídos de las cuentas de la Autoridad Fiscal en solo once meses por una red de empresas privadas que contaban con altas complicidades estatales. Sin embargo, según la Century Foundation, este colosal atraco representaría apenas el 1 % del dinero perdido a causa de la corrupción desde la caída de Sadam Husein.
La redada de junio de 2026: una ofensiva sin precedentes
Los resultados de la campaña de al-Zaidi no tardaron en materializarse. La redada de junio de 2026 se desencadenó a raíz de la confesión de Adnan al-Jumaili, viceministro de Petróleo detenido en mayo. En su domicilio, los investigadores incautaron un botín digno de un cártel: 86 millones de dólares en efectivo, 70 propiedades inmobiliarias, 21 vehículos de lujo, kilos de joyas de oro y un arsenal de armas. Según un periodista iraquí, el total de los fondos desviados por este único funcionario podría alcanzar los 8.000 millones de dólares.
Paralelamente, el Gobierno anuló el contrato de desarrollo del aeropuerto de Bagdad (764 millones de dólares) por sospechas de fraude y frustró un intento de desvío de más de mil millones de dólares dirigido contra dos bancos públicos. El nuevo Consejo Soberano Supremo para la Integridad ha elaborado una lista de unas cincuenta personalidades —que incluye a exministros, parlamentarios y altos funcionarios—, con fondos potencialmente recuperables estimados entre 50.000 y 250.000 millones de dólares.
El sistema «Muhassasa»: el principal obstáculo para la reforma
Aunque la población y ciertos diplomáticos aplauden la valentía del nuevo primer ministro, muchos analistas se muestran cautelosos. En Irak, la corrupción no es obra de unas pocas «manzanas podridas»: está institucionalizada. Se fundamenta en el «Muhassasa», el sistema de reparto confesional y partidista del poder establecido tras 2003. Este sistema permite que las diferentes facciones políticas y milicias armadas se repartan los ministerios como auténticos botines de guerra, utilizando los presupuestos públicos para financiar sus redes clientelares y sus actividades paramilitares.
«Hace más de 23 años que las facciones que gobiernan Irak se comprometieron entre sí a no abrir ningún expediente de corrupción», declaró a RFI Rahim el-Daraji, secretario general del movimiento de oposición Kafa. Cada primer ministro (Nouri al-Maliki, Haider al-Abadi, Mustafa al-Kadhimi, Mohammed Shia’ al-Sudani) ha prometido erradicar la corrupción, sin lograr jamás desmantelar el sistema.
Presión estadounidense y geopolítica regional
La ofensiva anticorrupción de Ali al-Zaidi no puede entenderse sin el prisma de la geopolítica. Las detenciones de junio de 2026 se producen a pocas semanas de una visita crucial del primer ministro a Washington, prevista para mediados de julio, donde será recibido por el presidente Donald Trump.
Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos está ejerciendo una intensa presión sobre Bagdad para que sanee sus finanzas, bloquee el contrabando de dólares hacia Irán y desarme a las milicias proiraníes, financiadas a menudo con dinero de la corrupción. El emisario especial estadounidense Tom Barrack viajó a Bagdad a mediados de junio para preparar este encuentro. De este modo, Irak se encuentra en la cuerda floja: al-Zaidi debe ofrecer garantías de buena gobernanza a los inversores occidentales y a Washington, al tiempo que mantiene las formas con su poderoso vecino iraní, cuyo jefe de la diplomacia, Abbas Araghchi, se encontraba en Bagdad el mismo fin de semana de las detenciones.
¿Qué futuro le depara a la lucha anticorrupción en Irak?
Para que la operación «manos limpias» de Ali al-Zaidi no sea un simple espejismo, le aguardan desafíos titánicos. La justicia iraquí debe demostrar su independencia condenando a los responsables detenidos sin ceder a las presiones políticas. El marco legal, heredado en gran parte de 1969, debe modernizarse para luchar eficazmente contra la criminalidad financiera internacional. Por último, Bagdad tendrá que obtener la cooperación de los países occidentales y regionales para repatriar los cientos de miles de millones de dólares blanqueados en el extranjero.
«Si existe la menor opción de llegar a compromisos con estos ladrones, nos opondremos con todas nuestras fuerzas», advierte la oposición iraquí. Para los 43 millones de iraquíes, agotados por la pobreza y el desempleo sobre un océano de petróleo, el fracaso ya no es una opción. De ello dependen la credibilidad del Estado iraquí y la estabilidad de todo Oriente Medio.
() Isaac Hammouch es un periodista y escritor belga-marroquí. Autor de varias obras y tribunas, se interesa por los desafíos sociales, la gobernanza y las transformaciones del mundo contemporáneo.*
