En el futuro se estudiarán con curiosidad las reacciones desmesuradas que provoca el Gobierno de coalición y, muy especialmente, su presidente, Pedro Sánchez. En el Congreso ya es habitual que los diputados de la oposición se refieran al Ejecutivo como “banda criminal”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara rutinariamente que Sánchez es un “dictador bolivariano”. Y en la calle se ha vuelto costumbre corear aquello de “Pedro Sánchez, ¡hijo de puta!”. De los medios de la derecha me abstengo de decir nada, porque de lo contrario necesitaría varias entregas. Razones para oponerse y criticar al Gobierno hay muchas, igual que las hay para celebrar sus logros. La pregunta es si guarda proporción el rechazo visceral que se ha impuesto en el debate público con la situación objetiva del país y las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo.
En cierto modo, el momento presente me recuerda a aquel clásico de la ciencia ficción, La invasión de los ladrones de cuerpos, la película de 1956. Unas esporas marcianas caían en la Tierra, a partir de las cuales se formaban unas vainas enormes de las que salían unas réplicas perfectas de seres humanos, solo que despojados de sentimientos. El protagonista vivía con lógica angustia cómo la gente próxima iba siendo reemplazada por los extraterrestres de apariencia impecablemente humana. Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, hemos ido viendo un proceso similar, gente que hasta entonces habían defendido tesis razonables y prudentes, de repente un día cambian y quedan poseídos por su replicante antisanchista.
Esta es la impresión que me produjo el pasado viernes la lectura en estas páginas del artículo de Pedro Cruz Villalón, Miseria de Parlamento. El autor fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional en 1992 con el apoyo del Partido Socialista y llegó a ser presidente de dicho Tribunal en 1998. Tras alcanzar la presidencia, Francisco Rubio Llorente lo celebró diciendo que se trataba de “un excelente constitucionalista y una persona mesurada”. Pero eso era antes de que llegaran las vainas antisanchistas.
Cruz Villalón pinta en su artículo un escenario tenebroso y termina sugiriendo la conveniencia de que se aplique el artículo 102 de la Constitución si el Congreso no consigue hacer caer el Gobierno. El artículo 102 se refiere a la “responsabilidad criminal” del presidente y los ministros, que, como se especifica en el apartado 1, resolverá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; en su apartado 2, establece que una cuarta parte de los diputados del Congreso puede plantear una acusación contra el Gobierno por “traición” o delitos contra la seguridad del Estado. ¿Qué ha hecho Sánchez para que un expresidente del Constitucional pida algo así?
Para llegar a esta conclusión extrema (recuérdese que nunca se ha aplicado este artículo en democracia), el autor recurre a un razonamiento analógico: según Cruz Villalón, el hecho de que el presidente del Gobierno no disuelva las Cortes a pesar de que no se ha aprobado ningún Presupuesto desde el inicio de la legislatura supone una mutación presidencialista de nuestro sistema político, mutación que obliga a interpretar el artículo 102 como el equivalente al mecanismo de impeachment en un régimen presidencial. Sánchez ha convertido España, “materialmente” dice, en un sistema presidencialista (vaciando el significado de lo que es una monarquía parlamentaria) y, por tanto, hay que echarlo como se echa a los presidentes en los sistemas presidenciales. Lo más parecido que tenemos al impeachment es el artículo 102; por lo tanto, aplíquese cuanto antes. Se supone que la no aprobación de los Presupuestos sería la “traición” al Estado que justificaría poner en marcha este procedimiento.
Sánchez ha mutado en un “presidente presidencialista” (frente al “presidente parlamentario”) porque el procedimiento estipulado en la moción de censura constructiva lo protege más allá de lo que Cruz Villalón considera razonable. Como bien se sabe, para que el Congreso censure al presidente, debe haber una mayoría absoluta a favor de un candidato alternativo. El autor da a entender que este procedimiento es una anomalía en términos comparados, que es algo que solo comparten Alemania y España, pero conviene recordar que se ha incorporado a los sistemas políticos de otros países como Bélgica, Eslovenia, Hungría, Israel y Polonia.
Con moción de censura constructiva, el Gobierno está blindado siempre que el partido que lo sostiene cuente con una mayoría absoluta en la cámara o, en el caso de un Gobierno minoritario (como el actual), que los grupos opositores no sean capaces de coordinarse en torno a un candidato alternativo. Esto, por mucho que Cruz Villalón se empeñe, no supone una perversión del sistema parlamentario español, sino que constituye su marca característica. Es una forma de garantizar la estabilidad de los gobiernos. La investigación comparada ha mostrado que España es el país europeo con mayor duración de sus gobiernos. Los constituyentes buscaron la estabilidad por encima de otras consideraciones. Nos podrá gustar o menos, pero es lo que el sistema estableció en 1978. Igual que la facultad libérrima que la Constitución concede al presidente para convocar elecciones cuando le venga en gana durante el mandato de los cuatro años.
Aprovechándose de este mecanismo institucional, el Gobierno se sabe fuerte a pesar de tener escasos apoyos parlamentarios y, por eso, opta por no presentar Presupuestos (o abusar del decreto-ley). No es la única perversión constitucional que conocemos. Recuérdese, sin ir más lejos, el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que duró más de cinco años (y que nadie intentó zanjar por la vía penal). Una irregularidad no tapa la otra, desde luego. Y es justo reconocer que el hecho de que no se hayan aprobado unos solos Presupuestos durante esta legislatura es una anomalía política profunda. Resulta fácilmente comprensible que se defienda que, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, el presidente debería disolver las cámaras en esas circunstancias. Pero parece un salto en el vacío concluir que, si no lo hace, la solución deba consistir en aplicar el artículo 102, acusando de “traición” al Gobierno. Puestos a utilizar analogías, es como si alguien dijera que el Congreso debería haber acusado a José María Aznar y sus ministros de “traición” por la suspensión del servicio militar obligatorio, que aparece recogido en el artículo 30 de la Constitución.
Así no se resuelven los conflictos políticos. Ni el antisanchismo ambiental más intenso justifica estas soluciones penales extraordinarias. Ya hemos visto a dónde nos llevó la resolución penal del conflicto catalán, a un callejón sin salida que luego hubo que corregir con indultos y amnistía. A mi juicio, buscar la solución penal a las tensiones políticas es un síntoma de valores democráticos muy finos. En España habrá elecciones más pronto que tarde. Queda menos de un año. Todas las encuestas coinciden en pronosticar una mayoría absoluta de las derechas (PP y Vox). El PP ya ha anunciado que gobernará con Vox. Tranquilidad ante todo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de desembarazarse del “tirano que odiaba los Presupuestos”. Aunque quizá el problema sea que los replicantes antisanchistas, en el fondo, siguen temiendo que en el último momento Sánchez vuelva a hacerlo… y por eso no conciben otra salida de La Moncloa que la del presidente esposado.
Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política.
Fuente:
elpais.com
