Después de consumar su asalto a las universidades privadas con un decreto aprobado en octubre que impone varios requisitos que dificultan la apertura de nuevos campus, el Gobierno ha continuado su cruzada contra las empresas educativas. Esta vez, el blanco del Ministerio de Educación … ha sido la FP privada, una modalidad que matricula a casi el 35% de los alumnos de Formación Profesional, con 1.417 centros en España. El sector, como ya ocurrió con la universidad, está preocupado y «no descarta recurrir si el texto sale adelante en los términos actuales».
ABC ha accedido a un documento del Ministerio de Educación en el que se concretan algunos de los vetos que impone la nueva norma, cuyo primer borrador estará listo a finales de julio y que pretende aprobarse en el último trimestre del año. Además, Pedro Sánchez ha escogido la vía exprés: al ser un real decreto, la reforma no necesitará de convalidación parlamentaria, con lo que, probablemente, prosperará. Preocupa a los actores implicados el tono empleado y el argumentario, similar al del decreto contra la universidad privada, pues el Ejecutivo vende la norma como un intento de «garantizar la calidad académica» y evitar la proliferación de «chiringuitos». Una palabra que ya suscitó la polémica con la anterior reforma.
Contrario a la especialización
Como deja claro el documento del ministerio, lo que se persigue es crear un filtro que sólo dejará sobrevivir a aquellos centros que se adapten a toda una batería de requisitos técnicos. De hecho, el primer título del decreto será de obligado cumplimiento sólo para la FP privada. La primera gran traba se dirige a la especialización de nicho, que deja de estar permitida. Cada centro debe ofrecer al menos dos familias profesionales con dos ciclos básicos, medios o superiores en cada una de las familias o un itinerario completo en una sola familia profesional. Es decir, un centro que únicamente ofrezca un ciclo de informática dejará de poder operar. Otra de las grandes novedades son las horas lectivas y de tutorías que tendrán que impartir los docentes en las modalidades semipresenciales y virtuales, que deberán ser las mismas que en la FP presencial.
También se establecen ratios máximas de alumnos por profesor. En la modalidad virtual se irá reduciendo de 90 alumnos (2027-2028) a 80 (2028-2029) hasta 60 en el curso 2030. En la FP semipresencial, se marca un máximo de 25 alumnos por docente. Es decir, no se permitirán grupos grandes en la modalidad online. Por otra parte, también se exige que los centros aporten garantías documentales de sostenibilidad económica, así como que se detallen la composición y los cargos del equipo directivo.
Aulas específicas y control a la FP en los campus
En el documento al que ha tenido acceso este diario se marcan nuevas exigencias en cuanto a los equipamientos: los centros tendrán que contar con un aula de tecnología aplicada (un espacio específico para proyectos de innovación y emprendimiento) o un aula polivalente, que se dedicará a «actividades transversales». Los centros deberán disponer de un servicio de orientación profesional y de personal para atender a los alumnos con necesidades específicas. Pero también estarán obligados a presentar una programación anual de proyectos, recursos destinados a internacionalización, así como una memoria anual detallada que la Administración supervisará periódicamente.
Una de las grandes incógnitas que surgió cuando el presidente del Gobierno anunció su segundo decreto «antichiringuitos» era si la norma afectaría a la FP que se imparte dentro de algunos campus privados. En los últimos años, ha proliferado un modelo por el que las universidades ofertan paquetes para cursar FP y, después, los alumnos tienen la opción de salir con un grado universitario. El documento que ha consultado ABC despeja las dudas: sí, el Ministerio de Educación también pasa a supervisar la FP dentro de los campus privados. Más concretamente, esto es lo que el Gobierno pretende hacer: «Se impide que las universidades utilicen sociedades interpuestas para eludir las limitaciones legales y así impartir FP de manera indirecta». El departamento que dirige Milagros Tolón lo confirma a este diario: «Todo centro que oferte titulaciones oficiales de Formación Profesional tiene el deber de adecuarse a los estándares que marca la legislación».
«Parece que obligarán a los centros privados a cumplir unos requisitos que no exigirán a la pública»
Este periódico se ha puesto en contacto con CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza y con ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), las dos agrupaciones que se van a ver afectadas por la nueva legislación. Aunque aún ninguno conoce el borrador definitivo, ambos se muestran preocupados y escépticos con el espíritu de la norma. Santiago García, especialista en FP de CECE, asegura a ABC que «es como si hubieran tratado de adaptar el decreto universitario a la Formación Profesional.
La terminología es la misma, y también los puntos que toca el decreto. Sin embargo, aquí parece que obligaran a los centros privados a cumplir unos requisitos que no exigirán a la pública. ¿Tiene eso algún sentido? ¿Solamente podemos pedir esa supuesta ‘calidad’ a la privada?», se pregunta García. Desde el Ministerio de Educación, explican a ABC que el real decreto busca «asegurarse de que todos los centros privados cumplan con los requisitos de calidad que ya cumplen los centros públicos».
«Nos defenderemos con uñas y dientes. Defenderemos la libertad de creación de centros, la de las familias y la de empresa»
Sin embargo, desde ACADE insisten en que algunos de esos requisitos que les exigirán a ellos no se pedirán a la pública. «Las prestaciones y los recursos de la privada en FP están muy por encima de la pública. La calidad educativa no puede venir determinada por el número de ciclos. Hay centros pequeños muy profesionalizados en un área concreta», considera Luis Torres, secretario general de esta asociación de la privada. Asimismo, hace hincapié en los datos de inserción de la FP privada, muy superiores.
Torres considera que se hizo una buena ley orgánica de Formación Profesional, que integraba la red privada, la pública y la participación de la empresa. Pero el actual desarrollo normativo, dice, intenta poner dificultades a la privada que no sirven para garantizar la calidad. «Nosotros nos defenderemos con uñas y dientes. Defenderemos la libertad de creación de centros, la libertad de elección de las familias y también la libertad de empresa», anticipa. A Santiago García, de CECE, le llama la atención que el propio ministerio ignore la realidad de muchos centros pues, por ejemplo, se ha anunciado como novedad la creación de la figura del coordinador de FP, que ya existe.
En su opinión, el texto tiene visos de ser «un calco» del decreto ‘antichiringuitos’ universitarios: «Parece que lo público es bueno por el hecho de ser público y eso no es así. Creo que marca una presencialidad desproporcionada para la FP online. Muchos centros pequeños temen desaparecer», asegura.
Después de aprobar en octubre una norma que asfixia a la universidad privada, el Gobierno ha continuado con un proyecto de ley que, aunque es probable que se termine quedando en un cajón, marca una reducción de ratios en la etapa de 0 a 3 años que podría acabar con el 100% de las guarderías privadas. Ahora, en la rampa de salida se encuentra este nuevo texto que pretende poner patas arriba el mundo de la Formación Profesional (la privada, por supuesto).
Fuente:
www.abc.es
