La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación por corrupción contra tres personas directamente implicadas en el proyecto de construcción del puente de Messina.
Según informan los investigadores, se ha ejecutado una orden de registro contra un abogado de 71 años de la provincia de Reggio Calabria, exconsejero de administración de la sociedad Stretto di Messina Spa; un empresario de 65 años, de Reggio Calabria y residente en Roma; y un exvicepresidente del Tribunal de Cuentas, de 70 años, órgano constitucional de la República Italiana que ejerce funciones de control y fiscalización financiera.
Se les acusa de intentar condicionar al Tribunal de Cuentas en la aprobación del acuerdo del CIPESS, el comité gubernamental que gestiona los recursos estratégicos para la economía italiana, como los Fondos de Desarrollo y Cohesión, y aprueba la financiación de las grandes obras públicas, entre ellas el puente de Messina.
Influir en la aprobación del proyecto
En concreto, se les investiga por intentar condicionar el examen de legitimidad que el Tribunal de Cuentas debía realizar sobre la aprobación del proyecto definitivo de la obra, un estricto trámite burocrático para las infraestructuras de gran impacto.
Los hechos se remontan a octubre y noviembre del año pasado, un periodo en el que el Tribunal de Cuentas debía dar luz verde al acuerdo del CIPESS y a la aprobación definitiva del “enlace estable entre Sicilia y Calabria”. El dictamen del Tribunal se dividió en dos respuestas, ambas negativas: por las carencias de una instrucción contradictoria y porque la directiva europea sobre contratación pública no se había aplicado correctamente.
Es en ese punto donde, según los investigadores, se habría producido la supuesta corrupción. El administrador de la sociedad Stretto di Messina Spa y el empresario trataban de encontrar a un magistrado dispuesto a que “todo saliera por el buen camino”, es decir, a que el acuerdo del CIPESS recibiera el visto bueno.
Ahí entró en escena el exvicepresidente del Tribunal de Cuentas, que en ese periodo aún ejercía y que, según la Fiscalía, habría revelado “información reservada sobre las orientaciones de sus colegas y sobre el desarrollo de la sala de deliberación”, según informa la agencia ANSA.
En las intervenciones telefónicas se aprecia cómo el exvicepresidente se había pronunciado ante las otras personas implicadas sobre la posición del resto de sus colegas. “No estoy en absoluto alineado con esos ineptos de mis colegas”, llegó a afirmar, mostrando un parecer político claro sobre la realización del proyecto, algo que, según los investigadores, “no podía expresar”. Además, habría desvelado información reservada al administrador de la sociedad Stretto di Messina Spa.
De ahí las acusaciones de los investigadores contra los tres: corrupción en el ejercicio de la función, corrupción por acto contrario a los deberes del cargo, corrupción activa por parte de funcionario público y revelación y uso de secreto de oficio.
Una inversión de más de 20.000 millones
El rechazo del acuerdo del CIPESS ha retrasado de forma indefinida la aprobación del proyecto, que sigue en fase de autorización.
El puente prevé una inversión de unos 13.532 millones de euros, incluidos en las leyes de Presupuestos de 2024 y 2025, aunque se espera que movilice más de 23.000 millones en inversión total.
Se trata de un punto neurálgico para el turismo y el comercio del país: es el lugar donde la península se conectaría con Sicilia. La estructura será el puente colgante más largo del mundo, con un vano central, el espacio entre los dos pilares, de 3.300 metros, y permitirá el paso simultáneo de vehículos y trenes.
Un proyecto que avanza con dificultad
La infraestructura ha sido siempre un objetivo de la derecha en Italia, definida durante años como “el sueño de Berlusconi”. Un proyecto debatido durante décadas, muchas veces sin éxito, que es ahora una de las apuestas en materia de infraestructuras del Gobierno de Giorgia Meloni, primera ministra del país, y de Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras.
Durante los dos últimos años, la aprobación y ejecución del proyecto ha encontrado dificultades ligadas a las protestas: las de quienes ven la obra como un “ecomonstruo”, las de quienes preferirían destinar ese dinero a otras infraestructuras del sur y las de quienes corren el riesgo de perder su casa por las obras. El caso de corrupción se suma ahora como un obstáculo más a un proyecto al que le cuesta despegar.
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