Los intentos del Gobierno de modificar la Ley de Costas por la puerta de atrás, es decir, a través de su reglamento, se acaban de topar con la oposición del PP en el Senado. Está previsto que la Comisión General de Comunidades Autónomas apruebe … este miércoles una moción que garantice las concesiones ya otorgadas en el litoral a negocios y chiringuitos. Además, incluye una moratoria en los deslindes: la idea es evitar el derribo de las edificaciones afectadas.
«El Gobierno de Sánchez pretende aprobar un nuevo modelo de gestión de costas no vía ley, sino vía reglamento porque carece de consenso social, carece de diálogo y carece de los apoyos parlamentarios necesarios», ha dicho el senador Javier Márquez, del PP, en defensa de la moción durante la comisión en la que también han estado presentes las autonomías con litoral del PP.
Recientemente, el Gobierno inició el proceso para modificar el reglamento de Costas, que a efectos prácticos contiene las condiciones para los chiringuitos y negocios en el litoral, las normas para hacer deslindes y las prórrogas para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, ahora con un plazo de hasta 75 años. El Ministerio para la Transición Ecológica alega que Bruselas exige cambios en «la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre», por lo que hará un nuevo reglamento mediante real decreto.
El PP no niega que haya un expediente abierto por Bruselas que afecta al litoral español. Lo que pide es que los cambios se aborden desde el diálogo con las comunidades y con los afectados. También que se priorice una revisión «ordenada y consensuada» de la Ley de Costas, en vez de estar tocando el reglamento.
«Nosotros no somos del exprópiese ni del derríbese. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica y de la defensa de la propiedad privada», ha dicho la portavoz del grupo popular, Alicia García, quien ha asegurado que la aplicación de la ley supone «una sentencia de muerte» para decenas de municipios costeros.
Afectados
La modificación del reglamento de Costas afecta al negocio de kitesurf de Tarifa, a los mariscadores del Palmar de Valencia, a los pescadores de Fuerteventura, o al pequeño hotel de Nerja y Llanes, así como a las familias que viven en los núcleos costeros históricos en las casas que erigieron sus abuelos, ha enumerado Márquez. «Hay una expulsión de la gente mediante una expropiación encubierta», ha asegurado.
Por ello, la moción pide una moratoria en la aprobación de nuevos deslindes o en la revisión de los existentes mientras se redefinen los criterios técnicos y se clarifica el marco concesional. También exigen suspender cautelarmente la tramitación de la modificación del Reglamento General de Costas en aquellos preceptos que incidan directamente en la duración y prórroga de las concesiones.
El objetivo es abordar los cambios con las comunidades afectadas y desde el diálogo «asegurando un auténtico proceso de cogobernanza en el que se tengan en cuenta las competencias y la realidad específica de cada territorio», dice la moción. Para ello piden priorizar una revisión «ordenada y consensuada» de la ley antes de recurrir a cambiar el reglamento. «A tal efecto, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley que aborde de forma expresa la modificación de los artículos 42, 74, 75 y 81 de la Ley 22/1988 y del artículo 2 de la Ley 2/2013», que son los que Bruselas identifica como conflictivos. «Ningún real decreto puede derogar, modificar o vaciar de contenido los derechos que dichos preceptos legales reconocen a los concesionarios», aclara la moción.
Impacto económico
El PP pide, además, hacer un estudio detallado de impacto económico, social y laboral de las reformas. Hace falta saber el número de concesiones vigentes potencialmente afectadas, así como una estimación de las pérdidas en inversión, empleo y tejido empresarial. Un análisis de ‘Newtral’ llegó a identificar hasta 82.000 edificaciones bajo riesgo de derribo.
«Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los que ahora están en un proceso de deslinde», ha respondido por su parte el senador José Antonio Valbuena, del PSOE, que ha asegurado que las revisiones son «garantistas» y no se hacen con un funcionario en Costas que «lanza un dado y decide si la vivienda está afectada o no».
En la comisión han estado presentes los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. La iniciativa ahora se elevará al Pleno para su convalidación definitiva, que garantiza la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Sin embargo, no hay buenos precedentes en cuanto al recorrido de la iniciativa. Ya hace dos años el Grupo Parlamentario Popular promovió y consiguió la aprobación de una proposición de ley para modificar la Ley de Costas y proteger los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico. La propuesta está actualmente bloqueada en el Congreso de los Diputados por decisión de la Mesa de la Cámara y de su presidenta, Francina Armengol, que han impedido hasta la fecha su toma en consideración y debate, lamenta el PP.
Fuente:
www.abc.es
