El gobernador del estado mexicano de Sinaloa fue acusado por fiscales estadounidenses de conspirar con cárteles de la droga, lo que eleva la tensión entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
Fiscales federales en Manhattan anunciaron el miércoles el levantamiento del secreto de una imputación que acusa al gobernador, Rubén Rocha Moya, de 76 años, y a otros nueve funcionarios actuales y antiguos de diversos delitos. Sostienen que dirigentes del Cártel de Sinaloa ayudaron a que Rocha Moya fuera elegido mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales, a cambio de su promesa de protegerlos mientras distribuían drogas en Estados Unidos.
Sheinbaum deberá demostrar a sus bases que no cede ante EE.UU. y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de Trump de compromiso contra el narcotráfico
Rocha Moya, que negó las acusaciones, es el funcionario mexicano de mayor rango imputado en Estados Unidos desde 2020. La imputación coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición complicada, ya que el gobernador pertenece a su partido, Morena. Tendrá que demostrar a sus bases que no cederá simplemente a las exigencias de Washington, al tiempo que asegura a la administración de Donald Trump que es una socia comprometida en la lucha contra el narcotráfico.
México reconoció el miércoles que Estados Unidos ha solicitado la extradición de determinadas personas, aunque sin aportar pruebas de las acusaciones contra ellas. La Cancillería señaló que la Fiscalía General revisará la petición.
“Es un momento decisivo porque se trata de una acusación formal del Departamento de Justicia con repercusiones políticas. Refleja lo que antes era solo un rumor: que el partido en el poder no está exento de la infiltración del crimen organizado en sus filas”, afirmó Rodrigo Villegas, director ejecutivo de la consultora de riesgo Suass Group, con sede en Ciudad de México.
Rocha Moya afirmó en X que los cargos de Estados Unidos carecen de “toda verdad o fundamento”, y calificó la actuación de los fiscales como un ataque contra el partido gobernante. Otro senador en activo mencionado en el caso, Enrique Inzunza, también sostuvo en X que las acusaciones son falsas.
Estados Unidos ha amenazado a México con aranceles e incluso con intervención militar si no hace lo suficiente para combatir el crimen organizado. Ambos países revisan actualmente el acuerdo de libre comercio norteamericano que comparten con Canadá.
“La administración Trump ha dado máxima prioridad a romper el nexo entre crimen y política en México y ha ejercido una fuerte presión sobre el gobierno mexicano desde el inicio”, afirmó Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de la Brookings Institution. “Esto no será el final de las imputaciones en Estados Unidos”.
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