La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recibió el pasado mes de febrero de manos de Isabelle Ferreras, presidenta de la Comisión, el informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la Democracia en el Trabajo.
El documento se centra en el alcance del artículo 129.2 de la Constitución Española y en lo que sus autores describen como voz y propiedad, conceptos que sitúan en el núcleo de la Democracia en el Trabajo.
«Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».
Defensa de la democracia en las empresas, autogestión pública y cogestión privada
En este marco, la vicepresidenta segunda señaló: «una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía»,
Para valorar dicho informe el Ministerio de Trabajo ha convocado a una reunión a las organizaciones patronales y sindicales para el próximo 12 de marzo.
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), han difundido desde sus respectivas instancias un comunicado oficial con fecha de hoy, once de marzo del año 2026.
En este documento de carácter público, ambas entidades han expresado de manera clara y inequívoca su posición respecto a la convocatoria anunciada para la próxima mesa de diálogo que estará dedicada específicamente al tema de la democratización de las empresas.
Esta declaración se conoce tras la realización de una reunión extraordinaria llevada a cabo el 9 de marzo por el Comité Ejecutivo conjunto de las dos organizaciones, a partir de la cual se efectuó un análisis exhaustivo y detenido sobre la situación actual, así como sobre los planteamientos realizados. Como resultado de este estudio, CEOE y CEPYME manifiestan su postura crítica ante la propuesta formulada del Ministerio de Trabajo, la cual consideran que constituye un nuevo y grave ejercicio de intervencionismo estatal por parte de las autoridades públicas competentes.
Además, señalan que esta iniciativa representa claramente una vulneración flagrante del derecho fundamental a la propiedad privada, derecho que se encuentra plenamente protegido y consagrado dentro del marco de la legislación vigente en nuestro país.
El marco internacional actual se presenta particularmente delicado y complejo, sobre todo si se tiene en cuenta que el conflicto armado que se está desarrollando en la región de Oriente Próximo genera inquietudes; estas podrían desembocar en el desencadenamiento de una nueva crisis económica que tendría consecuencias de gran alcance a nivel mundial. En un entorno tan incierto y de alta sensibilidad económica y geopolítica, resulta cuanto menos llamativo e incluso sorprendente que el Ministerio de Trabajo decida una vez más centralizar sus esfuerzos y enfocar toda su agenda en promover lo que se considera un ataque de naturaleza populista.
Este ataque, además, está claramente impregnado de una profunda ideología sesgada y parcial, dirigida expresamente en contra del sector empresarial. Este tipo de enfoque no solo carece de un fundamento racional sólido, sino que también propicia la creación de un clima generalizado de desconfianza entre los agentes económicos. Como consecuencia directa, esta situación tiene un efecto negativo significativo, ya que desincentiva y desalienta la realización de inversiones en España, un país que en estos momentos requiere urgentemente de estabilidad y de condiciones que generen confianza para poder enfrentar de manera adecuada los múltiples retos que plantea el futuro inmediato y de largo plazo.
Por otra parte, sostener y afirmar el argumento, sin base suficiente, de que habría una supuesta falta de democracia en las empresas, con la intención de volver a plantear un modelo socioeconómico que recuerda irremediablemente a sistemas característicos y propios de regímenes autoritarios y de corte totalitario del pasado, representa en sí mismo un acto de desprecio y de menosprecio hacia un pilar esencial del diálogo social existente en nuestro país, así como hacia el sistema democrático vigente en la actualidad.
Este señalamiento crítico se extiende de manera particular a la negociación colectiva, práctica que es, sin lugar a dudas, uno de los espacios más genuinos y representativos de la democracia dentro del ámbito laboral. Esta forma de diálogo y acuerdo es reconocida expresamente con dicha naturaleza democrática en la Constitución española y, por tanto, debería ser tanto respetada como fortalecida permanentemente.
Del mismo modo, cabe subrayar que la propuesta formulada y presentada por el Ministerio de Trabajo atenta de manera directa y flagrante contra el artículo 38 de la Constitución Española, que es el que protege y preserva, con absoluta claridad y de forma explícita, los principios básicos de libertad de empresa. Dichos principios resultan esenciales e indispensables para garantizar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema económico del país. En paralelo, el Estatuto de los Trabajadores otorga a las empresas tanto el derecho como la capacidad de organización y dirección, un aspecto que, de manera grave y manifiesta, la propuesta actual ignora y desatiende con total desconsideración. Esta omisión deliberada provoca un olvido importante de elementos jurídicos y normativos fundamentales que regulan las relaciones laborales y empresariales en nuestro ordenamiento, afectando directa y negativamente el equilibrio previsto entre las partes implicadas.
Finalmente, resulta especialmente llamativo y causa aún mayor sorpresa que el Ministerio de Trabajo, que ha impulsado en años recientes diversas reformas importantes, muchas de ellas llevadas a cabo sin un diálogo previo suficiente ni consenso amplio entre los diferentes actores sociales, y que en muchas ocasiones incluso han ignorado de forma deliberada el Diálogo Social, sea precisamente ahora el que presenta una nueva iniciativa de estas características.
Cabe recordar que todas estas reformas anteriores ya suponen una amenaza potencial para erosionar de manera significativa la democracia en el seno de las empresas, además de deteriorar los ya existentes mecanismos de participación y entendimiento entre las distintas partes involucradas en el ámbito laboral y empresarial.
En cualquier caso, debe remarcarse que el ordenamiento jurídico español otorga a cualquier ciudadano la libertad y la posibilidad legal de constituir una empresa, además de la facultad para poner en juego sus recursos personales con esta finalidad. Este marco de seguridad y protección legal es claro, sólido y protege el derecho fundamental a emprender, lo cual constituye un elemento central y clave para el dinamismo y desarrollo económico nacional a lo largo del tiempo.
Por todas y cada una de las consideraciones expuestas y por los motivos detallados en el presente comunicado, el Comité Ejecutivo ha adoptado de manera firme y decidida la decisión de no participar en la mesa de negociación abierta que tiene como objetivo principal la llamada democratización de la empresa. En contraposición, reafirma con absoluta claridad su compromiso firme y su apuesta decidida por mantener y potenciar, de forma permanente, la negociación colectiva como el espacio legítimo, adecuado y mejor preparado para propiciar el entendimiento entre los distintos actores y agentes sociales. Asimismo, esta postura implica una defensa constante, rigurosa y sin fisuras de los principios constitucionales que sustentan el actual sistema económico y social en nuestro país.
La situación creada con este tema es un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo. Hace 20 meses que Trabajo y las patronales no alcanzan un acuerdo, en un escenario radicalmente distinto al de la pandemia, cuando el pacto era la norma en la relación entre ambas partes.
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