La Coordinadora Federal de Izquierda Unida ha otorgado su aprobación definitiva al Informe Político que fue presentado por su coordinador federal, Antonio Maíllo, tras una votación en la que obtuvo un amplio respaldo que se concretó en 89 votos favorables, lo que representa un 73% de los participantes.
Frente a esta mayoría, se contabilizaron 24 votos en contra, equivalentes al 20%, y además se registraron 8 abstenciones, que alcanzaron un 7% del total. Esta aprobación se enmarca dentro del proceso habitual para definir las líneas estratégicas de la organización en el próximo periodo político, que es crucial para la definición de su rumbo y actuación futuras.
En el momento de la presentación, que tuvo lugar ante el órgano de dirección que representa el máximo nivel de Izquierda Unida, Antonio Maíllo expuso de forma clara y detallada la estrategia política que considera imprescindible que la organización adopte para los meses y años venideros.
Esta estrategia se fundamenta en la defensa contundente de la democracia vigente, la consolidación firme de los derechos sociales ya conquistados, así como en la necesidad de construir y fortalecer frentes amplios de carácter social y político que sirvan para combatir de manera directa lo que denominó la “amenaza autoritaria”, representada principalmente por la influencia creciente del Partido Popular y Vox en el escenario político estatal.
En relación con estos aspectos, el coordinador federal destacó con énfasis el imperativo de intensificar la acción política desde todos los frentes posibles en un contexto en el que la derecha tradicional y la extrema derecha han llegado a un punto en el que, a juicio de Maíllo, resultan prácticamente indistinguibles.
Dentro de esta línea argumental, el dirigente también anunció la puesta en marcha inmediata de una serie de movilizaciones, así como la constitución de amplios frentes sociales y políticos con el propósito claro de hacer frente a los recortes que se están produciendo en diversos derechos fundamentales que afectan a amplios sectores de la ciudadanía.
Durante la sesión celebrada por la Coordinadora Federal, que es el máximo órgano competente entre las asambleas, Antonio Maíllo defendió la necesidad imperiosa de que Izquierda Unida tenga un compromiso decidido por profundizar y ampliar el alcance de la democracia actual y, simultáneamente, por reforzar los derechos sociales que son esenciales para la ciudadanía.
En este sentido, propuso la creación de frentes amplios dentro de la izquierda con una orientación federal y transformadora que puedan articularse en todos los procesos electorales venideros. Además, se comprometió a fortalecer la presencia activa de Izquierda Unida en todas las movilizaciones sociales y conflictos que surjan junto a los sectores de la clase trabajadora, de manera que se garantice un apoyo sólido y sostenido a los derechos sociales en disputas y reivindicaciones públicas.
El coordinador argumentó que es necesario “hacer más”, aumentar el esfuerzo y la determinación ante un bloque reaccionario que agrupa a fuerzas políticas explícitas de derecha y extrema derecha, que actualmente gobiernan en diversas comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
En relación con esta situación, calificó como una “impostura” la reciente investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, que consideró basada en acuerdos previos entre fuerzas políticas y vinculada a estrategias de poder que no reflejan una auténtica voluntad democrática. Definió esta investidura como “una derrota sin paliativos” para las fuerzas políticas que representan a la derecha en dicha comunidad autónoma.
Dentro del mismo marco, el coordinador anunció que Izquierda Unida activará movilizaciones orientadas a la conformación de frentes sociales y políticos que se opongan de manera firme y constante a los retrocesos que se están produciendo en materia de derechos, no solo en las comunidades de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, sino también en el conjunto del país.
Se refirió a esta línea de oposición como una lucha clara contra una amenaza autoritaria que intenta introducir y aplicar la agenda política propia de la extrema derecha a nivel global, lo que requiere una respuesta inmediata y comprometida desde el punto de vista democrático.
Como ejemplo especialmente ilustrativo, Maíllo señaló la propagación de denuncias falsas sobre fraudes electorales que difunden sectores de la derecha y extrema derecha, vinculadas con temas sensibles como la regularización extraordinaria de personas migrantes y la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que en algunos círculos se denomina la “ley de los nietos”.
Criticó con contundencia la contradicción del Partido Popular, que en el pasado manifestó apoyo a esta normativa, que beneficiaba a españoles exiliados durante la dictadura franquista, aunque en la actualidad adopta un discurso propio de la extrema derecha que contradice su posición previa.
Maíllo defendió con firmeza el trabajo realizado por Izquierda Unida y el Gobierno de coalición en el que participa, haciendo hincapié en reformas importantes que se han llevado a cabo, como la eliminación de delitos que restringían la libertad de expresión, la agilización de la aplicación de la ley de nacionalidad a personas procedentes del Sahara Occidental y la aprobación de la ley de entornos digitales.
Sin embargo, recordó que aún persisten obligaciones pendientes, entre ellas la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular hace más de una década, una normativa que limita significativamente el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta y la manifestación.
El responsable también enfatizó la importancia de llegar a las próximas elecciones generales con las “tareas hechas” en materia de derechos civiles y políticos, intentando garantizar plenamente el ejercicio libre y seguro de los derechos a la protesta y la manifestación. Maíllo reconoció que representar al sector de izquierdas dentro del Gobierno implica avanzar decisivamente en reformas estructurales durante lo que resta de legislatura, incluyendo la lucha contra la corrupción, a la que atribuyó una prioridad central en sus propuestas.
Además, resaltó la tradición de Izquierda Unida de actuar con determinación ante cualquier caso de corrupción, “vengan de donde vengan”, y señaló que es preciso diferenciar claramente entre ofensivas antidemocráticas, como en la reciente sentencia dirigida contra el fiscal general del Estado o el caso Begoña Gómez, y casos claros de corrupción que bajo ningún concepto pueden ser tolerados ni minimizados.
En relación con las exigencias dirigidas al PSOE tras la reciente sentencia en el ‘caso Mascarillas’, Maíllo manifestó que el fallo judicial combina elementos tanto de casos de corrupción como de actuaciones antidemocráticas. Manifestó su condena a las personas implicadas, entre ellas José Luis Ábalos y Koldo, pero criticó que el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal beneficiario de las acciones fraudulentas, no haya recibido sanción alguna, ni deba cumplir pena de prisión, ni esté obligado a devolver los más de tres millones de euros que obtuvo ilegalmente durante la pandemia.
Frente a estas circunstancias, el coordinador de Izquierda Unida reiteró la exigencia de recibir una mayor explicación por parte del PSOE y consideró que la última intervención de Pedro Sánchez en el Congreso fue “absolutamente decepcionante”, debido a su ausencia de autocrítica y a la falta de puesta en práctica de las medidas anticorrupción que se habían acordado previamente y que, según expresó, deberían determinar el comportamiento real y efectivo de un Gobierno serio y comprometido con la transparencia.
Para finalizar, Maíllo reiteró el compromiso de Izquierda Unida con “la única salida política posible”, que consiste en la adopción de “medidas contundentes” contra corruptos y corruptores, así como la defensa de todo lo conquistado hasta ahora y la consecución de nuevos avances sociales. Subrayó que este camino tiene como objetivo último “cumplir con el programa previsto” y proteger la vida de la gente, garantizando así un futuro más justo y digno para la sociedad en su conjunto.
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