Estados Unidos ha anunciado la designación de las pandillas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Ambos sindicatos criminales se suman así a sus homólogos mexicanos, colombianos, centroamericanos y ecuatorianos en la ofensiva anticriminal impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder de Donald Trump.
La decisión, que autoriza a Washington a intervenir contra los miembros y los colaboradores materiales de sendos grupos fuera de su territorio soberano, ha sido interpretada por los dos extremos del espectro ideológico como una intervención directa en los asuntos internos brasileños a escasos cinco meses de la celebración de las elecciones presidenciales.
El movimiento lleva el sello del clan Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y contendiente a la carrera presidencial, realizó una visita a Estados Unidos en la que se reunió con Donald Trump y Marco Rubio escasos días antes de la designación.
No ha habido ninguna intención de ocultar la autoría intelectual, al contrario. El delfín de los Bolsonaro ha anunciado públicamente en redes sociales su rol y la intención de hacer de la lucha contra el “narcoterrorismo” un eje vertebrador de su campaña. No es una elección casual. El poder en Brasil se disputa tanto con la papeleta como con el fusil.
La batalla por el norte
El concepto de narcoterrorismo augura una nueva era. Desde Tijuana hasta el Estrecho de Magallanes, los actores políticos afines al movimiento Make America Great Again (MAGA) se suman a la escalada retórica y material de la guerra contra las drogas.
Más allá de la eventual intensificación de las operaciones, no queda claro qué implica esta nueva concepción del narcotráfico que emana desde Washington. Una duda que pesa dentro y fuera de los colegios electorales.
La lucha por la hegemonía criminal se libra en el norte. Los puertos Belém, Salvador, Recife, Natal y Fortaleza son el punto de exportación de la cocaína hacia Europa y África. Conquistados por el CV a principios de siglo, la expansión del PCC y el surgimiento de grupos como Guardiões do Estado (GDE) en Ceará o Bonde dos 40 (B40) en Maranhão los han convertido en un sangriento objeto de disputa.
El baño de sangre amenaza la propia viabilidad política del Partido de los Trabajadores (PT). Antiguo epicentro económico durante la era colonial, la industrialización del sur dejó al nordeste como una región pobre y subordinada a los grandes centros económicos meridionales.
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El programa Bolsa Familia lo cambió todo. El desarrollismo promovido por Lula da Silva impulsó la emergencia de una nueva clase media que se ha mantenido fiel al PT elección tras elección. Pero todo tiene un límite. La violencia pone en tela de juicio tanto las perspectivas socioeconómicas como los cimientos de una identidad política construida durante décadas.
La coyuntura tiene su particular réplica río arriba. El Estado de Amazonas es un territorio bisagra tanto política como criminalmente. El carácter asimétrico que le otorga la selva al concentrar el grueso de la población en Manaos y exagerar el clivaje urbano-rural hace de la entidad federativa un elemento voluble y proclive a los virajes electorales. Ni los Bolsonaro ni el PT tienen asegurada la victoria. Y mientras, el Estado se desangra.
Conectada por vía fluvial con los centros de producción de Colombia y Perú y con un amplío abanico de recursos naturales en su haber, la región es otro de los “puntos calientes” del pulso criminal.
El hundimiento de la Familia do Norte (FDN) tras la masacre del Complejo Penitenciario Anísio Jobim ha reforzado la posición del CV, el cual está duplicando los esfuerzos para contener el avance del PCC.
¿Fallo de cálculo de los Bolsonaro?
Otra de las grandes batallas político-criminales se libra en Río de Janeiro. Hogar de nacimiento del CV, las favelas de la ciudad se han decantado históricamente por el PT. Sin embargo, en la última década la situación ha dado un vuelco para ambos actores.
La cruz y el fusil se unieron para poner fin a sendas hegemonías. Mientras las fuerzas policiales se militarizaban y de ellas se desprendía toda una serie de milicias parapoliciales que ocupaban el vacío dejado por el CV, el evangelismo se difundió entre los creyentes, actuando como contrapeso a la retórica y las redes comunales socialistas.
Para 2018, el año de la primera contienda electoral de Jair Bolsonaro, la ciudad viró a la derecha al mismo tiempo que las milicias y el Terceiro Comando Puro (TCP) –una organización criminal que abraza abiertamente el evangelismo– extendían su influencia. Ahora la situación parece dar un nuevo vuelco. El CV ha recuperado la iniciativa y está retomando territorios pese a las cada vez más contundentes acciones policiales.
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Al recuerdo de los más de 60 muertos que dejó la intervención policial contra el CV en los barrios de Complexo do Alemão y Complexo da Penha en octubre de 2025 se le suma ahora la posibilidad de una escalada en caso de victoria bolsonarista. Pero Río de Janeiro no es el único escenario en el que la introducción de Brasil a la ofensiva anticriminal trumpista puede plantear inconvenientes al Partido Liberal (PL).
El PCC se ha integrado completamente en la economía de Sao Paulo, el mayor centro financiero de Sudamérica. Con el mismo perfil bajo que ha conectado sin grandes conmociones los centros de producción de Bolivia con Europa, el PCC se ha diseminado por sectores estratégicos de la economía como el combustible, la gestión de residuos, el transporte o los servicios de tecnología financiera.
La sospecha de la colusión con el PCC puede engullir al corazón mismo de la economía brasileña. El cóctel de capacidad de intervención directa estadounidense y ausencia clara de trazabilidad del dinero cuestiona la fiabilidad del ecosistema financiero paulense y hace aumentar exponencialmente la probabilidad de la aplicación de estrategias de reducción de riesgos. Un escenario que, de darse, golpearía directamente a uno de los bastiones sociológicos de la derecha brasileña.
Fuente:
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